Casas Tomadas

Pese a los avances registrados en los últimos años, el problema del acceso uniersal a la vivienda digna sigue siendo sin resolverse y alcanza niveles críticos en la ciudad de Buenos Aires.

Por Paz Muñoz Diumenjo y Branko Gueper (Comisión 35)

“Primero hay tres o cuatro personas que buscan casas o edificios vacíos, cuando encuentran alguno lo toman y se quedan viviendo allí por una semana, si no pasa nada, si los vecinos o la policía no llegan a molestar, llaman a sus familiares o conocidos para que lo habiten. Aquellos que `rompen candados` (los primeros en usurpar) son como los dueños y venden las habitaciones. Yo compré una por 400 pesos, pero ya llevo 9 años viviendo acá”, expresaba Nalda Valencia, dueña de una pieza de la casa ocupada más antigua del barrio de Once.

“Cuando una persona ocupa una casa y quiere beneficiarse, te la vende y como vos la necesitas, terminas comprando el pedacito; es muy caro hoy en día alquilar y si tenés chicos no te aceptan, ya uno es multitud”, comentaba -desde otro espacio en conflicto- Ángela Aparicio madre de dos hijos de nacionalidad peruana.

Vivir en una ‘casa tomada’ no es una elección que muchas personas quisieran tomar. Sino una obligación ante la escasez habitacional y la crisis económica que impide alquilar una casa o un departamento. La primera problemática enunciada es menos difícil de resolver que la segunda.

Desde hace más de una década, Buenos Aires dejó de crecer intensamente hacia arriba -a través de la construcción de edificios- y comenzó a ensancharse, inventando barrios en donde antes sólo había terrenos baldíos.

Una caminata por El once -el barrio no oficial más conocido de Capital Federal- permite dar cuenta de esa realidad. La de Perón al 2060 es una de las 10 mil casas tomadas de la Capital. Es una casa refugio, y no una guarida. Su portón de madera antiguo es la puerta a un contexto que no quiebra con la geografía del barrio.

El tiempo que una familia puede vivir en una ‘casa tomada’, si bien implica evitar pagar un alquiler mensual, es incierto, dependiendo del avance del proceso judicial. “Esta casa tiene 15 años y hoy en día no está en situación de toma, la jueza María Romilda Servini de Cubría nos dio una resolución que nos respalda. Así que no se va mas nadie, sino, que al contrario viene cada vez más gente”, contaba Ángela.

Asimismo el desalojo (aún de habitaciones alquiladas en villas) coexiste con el peligro de una acción represiva, basada en el resguardo de la propiedad privada.

La antropóloga María Cristina Cravino, investigadora de la Universidad General Sarmiento, cree « correcto» hablar de mercados inmobiliarios «extralegales», donde las reglas del juego de los segregados no se construyen en contra de la ley oficial, sino que vienen a cubrir vacíos dejados por el Estado y exclusiones provocadas por el mercado. Desde esta perspectiva, explica, la auto urbanización incluye «características de localización y constructivas extralegales, que no se ajustan a la normativa que regula la ocupación de la tierra ni la construcción de la vivienda, pero al mismo tiempo da cuenta de estrategias de asociación y cogestión del hábitat ante la necesidad».

En ese marco, las situaciones de judicialización generan la necesidad de incrementar las acciones de regularización dominial en los asentamientos urbanos, para lo cual deben incorporarse modificaciones en el marco legal vigente y simplificar los procedimientos.

Hay que recordar que en 2002, tras la devaluación y pesificación de la economía, se tocó el piso de inversión en vivienda. Ese año sólo se registraron 22.000 soluciones habitacionales, pero ya en 2007 y en los años siguientes se superaron las 100.000. Asimismo, el Estado nacional, elevó fuertemente el gasto público en vivienda, desde el 0,2% del PIB en 2002-2003 a un nivel del 0,6% en 2005-2010.

Sin embargo, es ese mismo Estado el que impone categorías como las de indigencia y pobreza que son la base de medida para acceder a una asistencia social. Según comenta Nalda por haber mejorado mínimamente sus ingresos, el gobierno de la Ciudad no reconoce que le corresponda un plan social. “El estado no nos da ningún tipo de ayuda, y al ser de otra nacionalidad tengo que realizar un montón de trámites que no están a mi alcance .Los únicos que nos dieron una mano y se acercaron fueron los del polo obrero (Partido Obrero) nos han ayudado un montón con las situaciones de desalojo y la organización del espacio, pero todo es a cambio de algo y a nosotras con chicos chiquitos nos exigían ir a las marchas, nos ponían entre la espada y la pared porque ellos tenían mayor acceso a los planes de terrenos oficiales.”

Frente a estas situaciones la sociedad civil suele organizarse mediante lazos de solidaridad comunal que comprenden desde la utilización de un baño en común en los pasillos de las viviendas ocupadas como la organización de la autogestión mediante cooperativas de construcción. Mario -esposo de Ángela- pertenece a la Cooperativa Santa Rosa que ya logro, entre otras cosas, conseguir un subsidio del Gobierno de la Ciudad para el “Merendero Dulce Renacer” que funciona en Perón al 2060.

Entre las distintas experiencias cooperativas sobresale la del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que inició su desarrollo en la ciudad de Buenos Aires y, hace aproximadamente 5 años, comenzó a replicarse en otras 6 provincias.

Un reciente balance realizado por Néstor Jeifetz, del equipo técnico interdisciplinario del MOI, y la investigadora del Conicet María Carla Rodríguez, destaca el aprendizaje realizado en los 90, hasta lograr la promoción explícita de los planes auto gestionados de vivienda, sumados al criterio de radicación.

En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ese proceso participativo confluyó en la ley 341/2000, a través de la constitución de una mesa multisectorial motorizada por el MOI, la Mutual de Desalojados de La Boca y la Comisión de Vivienda de la Legislatura.

La norma otorga créditos blandos para facilitar el acceso a la vivienda a familias de escasos recursos en la ciudad, y como rasgo central reconoce a las organizaciones sociales como sujetos de crédito y ejecutoras de los proyectos. El crédito se reintegra hasta un plazo de 30 años. Se subsidia la tasa de interés, con franjas entre un 0% y un 4% y prevé cuotas de devolución no superiores al 20% de los ingresos familiares. No establece restricciones mínimas por el nivel de ingreso para las familias, ni requiere ahorro previo.

Por esta vía, hasta el inicio de la gestión de Mauricio Macri, más de 2.500 familias adquirieron 110 inmuebles de localización urbana consolidada y se finalizaron 4 proyectos (339 viviendas). Actualmente hay unos 33 proyectos en ejecución (885 viviendas) administrados por distintas organizaciones sociales; otros 61 (de 1.535 viviendas) con previsión presupuestaria acordada; y casi 400 cooperativas y asociaciones (8.591 familias) impulsando otros emprendimientos en distintas etapas.

Uno de estos proyectos involucra la labor de la Cooperativa, mencionada anteriormente, a la que Ángela y su marido pertenecen “Nos ha ayudado también en lo que respecta a la asignación de un terreno para 36 familias en el barrio de Constitución pero aún no se ha logrado que se empiecen las obras de construcción”.

En un paseo por la gran casa ocupada se puede notar la precariedad de las conexiones eléctricas, el deterioro del revoque, las cien familias que habitan el hogar viven en condiciones que no asumen un carácter de “vivienda digna”, tal como lo respalda el derecho universal. Otra realidad que afecta a muchas de estas familias es su condición de inmigrantes, ya que se ven sometidos al maltrato verbal – y hasta a veces físico-.Ángela manifiesta claramente esta situación: “Acá los vecinos saben quién es quién, te maltratan verbalmente, nos tratan de peruanos cochinos y mugrosos. No es justo, nosotros migramos a la Argentina por un tema económico, al igual que muchos de ustedes se fueron para España”.

Es necesario, entonces, discutir los valores que legitiman el debate sobre la vivienda, como las prácticas de apropiación del suelo, son puntos centrales en esa agenda.

La persistencia del problema de vivienda en la ciudad a través de los ciclos económicos demuestra que el mismo no es un problema coyuntural sino estructural que lleva décadas sin resolverse. Esto significa que las respuestas estatales a la demanda habitacional han sido cuando no incorrectas, al menos insuficientes. La desigualdad urbana interpela a los distintos actores que intervienen en la problemática de la vivienda. Se trata, en definitiva, de debatir (y actuar) acerca de dónde tienen que vivir las familias. Todas, incluidas las más pobres. Y convertir el conflicto en eje de nuevas regulaciones –inmobiliarias y sobre la propiedad– que combatan la inequidad.